ÉTICA POLÍTICA Y CIUADANIA

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TEMPORALIDAD EN LAS RESPONSABILIDADES:   Hay algo en lo que debemos llamar la atención especialmente, sobre todo si queremos ejemplarizar ciertamente. Un mandato sobre una responsabilidad ha de tener un límite sin ambigüedad alguna. Esto quiere decir, ciertamente, que internamente hay que abandonar las prácticas de profesionalización en las que parece que se incurren cuando “nos movemos” de un puesto a otro tras 12 años y luego otros 12 y así sucesivamente. Esto, más bien, parecería que no es la actitud idónea si queremos trasladar externamente otra cosa. Para ello entendemos que ningún cargo público u orgánico deba extender su responsabilidad más allá de 8 años en total si dicho ciclo político ha sido remunerado en cualquiera de sus formas.

 

Propuesta: Limitación temporal a 8 años para un ciclo de vida política remunerada, sea cual sea el origen de la responsabilidad (orgánica interna, institucional) cuya finalidad es prevenir la no profesionalización de la vida política y evitar, por ende, los males que aquejan a la vida pública, a la política en general y a las organizaciones en particular.

 

 

 

INCOMPATIBILIDADES: Ningún responsable orgánico debiera compatibilizar su “estatus” con el de representante electo para definir bien las áreas de responsabilidad, y para que la dedicación sea total a según qué. Esto es llamar a cumplir con los compromisos internos, a cumplir con nosotros mismos y con la sociedad a la que nos debemos. Esto es posibilitar que todos puedan “jugar” sin que haya miradas de reojo porque no se trata de ningún ataque personal a nadie ni contra nadie, sino a favor de una mayor transparencia y honestidad en las funciones que nos puedan ser encomendadas en cada momento. De la misma forma queremos, también, hacer llegar que una persona no acumule tampoco dos cargos electos en su persona. Por tanto habrán de adoptarse tanto las medidas internas (cumplimiento de estatutos, resoluciones o cualquier otro mecanismo democrático) como externas (legislando) al respecto. Ha de establecerse claramente una línea que establezca quién es quién en cada momento para evitar, entre otras cuestiones,

que cargos públicos se hagan con el control de una organización y que desde sus posiciones institucionales puedan ahogar cualquier iniciativa proveniente de su misma organización y que, lógicamente, dicha iniciativa pudiera suponer alguna movilización o acción en la que el cargo público deba retratarse obligatoriamente. Para ello no se puede ser juez y parte a la vez.

 

En otro orden de incompatibilidades destacar la que nos llama la atención como son los casos de cargos públicos que, con posterioridad, se benefician de todo el bagaje de información acumulada por su rango (casos Aznar, Felipe González por poner tan solo dos ejemplos palmarios) para lucro personal. Es del todo inmoral y favorecedor de prácticas de corruptela social, de degradación de la vida pública, que personas que hayan ocupado cargos políticos luego vayan a relacionarse con la empresa privada directamente donde, además, se pueden percibir los intereses de unos y otros. Esta práctica debiera erradicarse.

 

Propuestas:

 

a)     Incompatibilidad en la acumulación de responsabilidades en la que no se podrán simultanear responsabilidades orgánicas e institucionales a la vez o más de una institucional.

 

b)    Incompatibilidad para el asesoramiento específico al sector privado, de personas que hayan ocupado puestos de responsabilidad institucional (aun siendo representantes electos sin las tareas propias de gobierno), durante –al menos- ocho años posteriores al cese de sus funciones quedando expresamente prohibido cualquier pertenencia a consejos de administración de las mismas hasta pasado dicho tiempo.

 

 

 

 

ELIMINACIÓN DEL PRIVILEGIO DE PENSIÓN VITALICIA POR PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO: Nos oponemos radicalmente a mantener o propiciar ningún tipo de privilegio con respecto a cargo público alguno que, obviamente, suponga una discriminación al conjunto de la ciudadanía. Entendemos que no es de recibo establecer una línea de jubilación privilegiada para el servidor del pueblo que, en determinados supuestos, con 8 años de servicio puede disfrutar de una pensión vitalicia mientras para el conjunto de los trabajadores se mantienen unas exigencias leoninas y en algún caso hasta imposible de cumplir quedando, incluso, fuera del sistema regular de pensiones. Hay que tender, pues, a eliminar los privilegios y dar claro ejemplo de ello. De un lado incidiendo en la modificación del marco legal actual, de otro estableciendo renuncias personales expresas dentro de las

 

 

organizaciones políticas y, en concreto, en Izquierda Unida como fue el ejemplo de Julio Anguita.

 

Propuesta: Eliminación de cualquier privilegio social por parte de nuestros parlamentarios autonómicos y, sobre todo, si de los mismos se dedujera alguno sobre pensión vitalicia por prestación de servicio público.

 

 

 

IMPOSIBILIDAD DE RELACIÓN CON PARAÍSOS FISCALES: Evidentemente una relación puede establecerse de forma directa o indirecta. Nos referimos a ambas formas. Debemos hacer hincapié en que la relación social de un cargo público, sea cual sea su naturaleza, ha de ser transparente y lejana de intereses personales. Entendemos que la relación con empresas o personas con intereses directos, indirectos o interpuestos con paraísos fiscales dejaría de decir mucho de cualquier representante público. Debe articularse, pues, una declaración formal pública ante la Cámara u Organismo correspondiente, con carácter vinculante y probatorio, donde cada representante público expresara que, efectivamente, no mantiene esa relación a la que hacemos mención. Asimismo hacemos mención especial a los Ayuntamientos y otras instituciones (en concreto donde gobierne Izquierda Unida) en donde ha de primar este sentido de limpieza y transparencia para que ninguna empresa

que participe en contratas o subcontratas mantenga relación alguna con paraísos fiscales, para lo cual entendemos que, como mínimo, se adoptaran las medidas de declaraciones personales de los socios participantes en las entidades y una presentación anual actualizada del impuesto de sociedades mientras persista la relación con la institución en cuestión.

 

Propuestas:

 

a)     Declaración pública ante la Institución que se representa, con carácter de responsabilidad vinculante, que el representante no tiene intereses directos, indirectos o interpuestos con paraísos fiscales.

b)    Adoptar las medidas institucionales tendentes a prevenir o eliminar relación alguna con empresas vinculadas a paraísos fiscales. Entre dichas medidas, como mínimo, exigencia de declaraciones personales de los socios participantes en las entidades mercantiles con relación de contrata o subcontrata así como presentación anual actualizada del impuesto de sociedades mientras persista la relación con la institución en cuestión.

 

 

CONTROL DEL ABSENTISMO POLÍTICO: Es del todo indignante que un representante político sea un perfecto holgazán y un

negligente en sus funciones. Que no se presenten iniciativas políticas, que no se acuda al lugar de trabajo (la institución correspondiente) que, además, no es cotidiano, debiera estar plenamente sancionado. Es la hora de tomar las riendas y hacer ver que no hay representante si no hay ciudadano que no lo apoye. El representante político no debe sustraerse de ninguna responsabilidad contraída y ha de cumplir con fidelidad y abnegación sus obligaciones. Esto implica participación activa, presencia y movimiento. Así entendemos, pues, que si algún representante no acude a su lugar de actividad política sin un motivo de fuerza mayor además de detraer económicamente su ausencia debe contemplarse, ineludiblemente, la separación de la representación que ostenta y la sustitución por la persona a la que, consiguientemente, le correspondiera.

 

Propuesta: La descalificación de un representante electo por no participar activamente para el puesto elegido, bien por ausencias no justificadas bien por negligencia en su cometido al inhibirse de la propia actividad.  Dicha descalificación devendría, de una parte, en términos económicos de penalización retributiva, en primera instancia, que pasaría a la descalificación y, por tanto, sustitución por la persona siguiente que le correspondiese acceder.

 

 

ESTABLECER UN TOPE RETRIBUTIVO PARA CARGO PÚBLICO:

 

En este sentido existen dos propuestas dentro del grupo de trabajo que vamos a trasladar respetando el espíritu de ambas:

a)     Equiparación del cargo electo al salario de un funcionario del grupo A nivel máximo en su techo retributivo y nivel mínimo en su punto de partida. En cualquier caso dicha equiparación se haría como referencia para cada una de las administraciones u organismos de referencia sean Ayuntamientos pequeños o grandes, Diputaciones, Mancomunidades, Parlamento Autonómico, Congreso, Senado o cualquier otro mecanismo de representación si bien se planteó que, ciertamente, para los ámbitos de mayor representación política (Parlamento autonómico, Congreso y actualmente Senado) no tuviese una retribución mayor que cualquier Director General.

b)     De otro lado se plantea una propuesta por el compañero Juan Ortega en la que hace hincapié que en los tiempos actuales un representante político no debe tener una retribución por encima de la media salarial de un trabajador y que, en este caso, partiría de una retribución mínima mensual de 1.000 € y una máxima que podría estar rondando los 1.500 € o, en su defecto, la media máxima de la institución de referencia.

 

Propuesta (mayoritaria): Establecimiento de un tope retributivo de máximo y mínimo para el cargo electo cuya referencia sería la de un funcionario Grupo A en su nivel máximo y en la institución representada.

 

CONTROL EXHAUSTIVO DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS CON APORTACIONES PÚBLICAS:

 

Vigilar la fuente de financiación es la cuestión y saber a qué se destinan los fondos públicos. Para ello han de establecerse los mecanismos necesarios para abordar una mayor transparencia en la justificación del gasto mediante la correspondiente auditoría político-administrativa llevada a cabo por el órgano administrativo correspondiente.

 

Propuesta: Control exhaustivo específico de ingresos y gastos de las organizaciones políticas con aportaciones públicas mediante el establecimiento de mecanismos necesarios para abordar una mayor transparencia en la justificación del gasto de la organización política que deberá publicitar anualmente dicha justificación y someterse a una auditoría político-administrativa por el órgano institucional competente.

 

 

 

 IMPOSIBILIDAD DE CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN (…):

Está claro que en determinados supuestos la administración o personas y entidades relacionadas con la administración no debieran contratar por mucho que se presuma de limpieza “democrática” en la adjudicación de un concurso. El caso que aquí traemos es cuando existe un parentesco de, al menos, hasta de segundo grado en el que por buena lógica pudieran concurrir elementos sospechosos de tráfico de influencia, información privilegiada etc.

 

Propuesta: Imposibilidad de contratar con la administración ninguna empresa o persona con parentesco hasta de segundo grado de cualquier representante político en activo electo o de confianza vinculado con la administración que contrata a través de cualquiera de sus órganos u organismos. Para ello las personas y sociedades licitantes presentarán por sus socios o por sí mismas una declaración de incompatibilidad por parentesco de hasta segundo grado. En cualquier caso si a una empresa licitante le fuese adjudicado un contrato con la administración en donde se incumpliera dicha incompatibilidad, el cargo electo tendría que ser cesado en el plazo máximo de un mes desde que se adjudicó dicho contrato así como

que la licitante tendrá que perder el contrato sin derecho a indemnización en el mismo plazo.

 

 

PUBLICIDAD PROGRAMA ELECTORAL

 

Propuesta: Todas las organizaciones políticas vendrán obligadas a presentar su programa electoral con carácter público -mediante publicación gratuita en el Boletín Oficial del ámbito correspondiente-con un mes de antelación a la convocatoria electoral en cuestión para que, en cualquier caso, la ciudadanía tenga pleno acceso a dicho programa.

 

 

DESCALIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES

 

Podría parecer que estaríamos reeditando una especie de “ley de partidos” al uso que la burguesía ha instalado en este país. Nada más lejos de la realidad. Aquí estamos abogando por una limpieza sin precedentes en la gestión de la vida pública que posibilite ahondar en el sentido de la democracia, en su contenido real, para ir construyendo un verdadero poder popular. Una organización no puede permanecer ajena por activa o por pasiva ante presuntos casos de corrupción o irregularidades graves de sus dirigentes y que dicha organización salga indemne sin más.

 

Propuesta: Descalificación como organización en su ámbito territorial, sea cual sea su naturaleza jurídica, y con capacidad de representación o posibilidad para ello a aquellas cuyos cargos orgánicos individuales o como colectivo hayan sido condenados con

firmeza por algunos de los delitos tipificados en el Código Penal tanto estatal como internacional.

Asimismo la organización, en su ámbito superior a la descalificada, vendrá obligada a cumplir no sólo con la condena impuesta sino al reconocimiento público de rechazo a las prácticas por las que la organización ha sido condenada.

 

 

CONDONACIÓN DE CRÉDITOS A ENTIDADES POLÍTICAS

 

Es inadmisible que una organización política se vea beneficiada de una condonación de créditos mientras a ciudadanos se les está embargando nóminas, pisos o se les está desahuciando directamente porque no pueden afrontar a sus pagos hipotecarios o a cumplir con avales establecidos. Por tanto esta práctica ha de erradicarse de la vida política definitivamente y de una vez para siempre.

 

Propuesta: Imposibilidad de condonación de pago de créditos a entidades financieras por parte de organizaciones políticas.