Emergencia social: recursos y dotación

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A nadie se le escapa que nuestro país es uno de los estados de nuestro entorno con mayor porcentaje de fraude (o estafa) fiscal. Fraude que se escapa a raudales con el visto bueno de la administración (actual o anteriores) y fraude con el que hay que intentar acabar de la forma más rápida y contundente posible. Propongo que las listas de defraudadores sean públicas y visibles y que cualquier persona física o jurídica que esté en esta lista sea inhabilitada para cualquier trato con la administración como primera medida.

La segunda medida de carácter inmediato es el aumento de la plantilla de inspectores, no para situarlo a los niveles de nuestro entorno, sino para, dado que tenemos un problema o porcentaje superior a nuestro entorno, situarlo muy por encima de la media de ese entorno, dotándolos de medios, autonomía e independencia suficiente y no sujeta a los vaivenes del partido gobernante que, normalmente, proteje sus intereses y el de sus amigos por encima de todo.

Esta "unidad" contará con el apoyo de unidades de policía fiscal exclusivas y que estarán bajo el mando de una jefatura de policía e investigación fiscal y gozará de medios, autonomía e independencia total del poder político. Estas unidades serán la "fuerza de choque", el primer escalón contra el gigantesco fraude fiscal Español.

Los responsables de estas unidades serán nombrados por órganos colegiados de esas unidades sin vinculación ni militancia política de ningún tipo.

Lógicamente los marcos legales requieren un desarrollo completo.

Rebaja inmediata del umbral de delito fiscal, los 120.000 € actuales solo protegen a los defraudadores. Mi propuesta es que cualquier cantidad no declarada legalmente sea considerada delito fiscal y sancionada con dureza baremable.

Contemplo toda otra serie medidas fiscales para Multinacionales, SICAV, fundaciones, pensiones, etc..

Si tenemos en cuenta que el fraude fiscal Español se puede situar, según datos oficiales, en aproximadamente el 25% de PIB y lográsemos reducir ese porcentaje en un plazo relativamente corto (2/3 años) en un 10% solamente, lograríamos unos ingresos adicionales para el estado de mas 100.000 millones de € que se destinaría íntegramente a la dotación de la "Ley de Emergencia Social", Sanidad y Eduación, pilares básicos de nuestra sociedad.